21/5/2020

Independencia de la Función Judicial, un mandato del Gobierno de Moreno

Foto: Archivo Medios Públicos
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Este 24 de mayo de 2020 Lenín Moreno Garcés cumple su tercer año como presidente de Ecuador, cargo que lo asumió en 2017 luego de imponerse en segunda vuelta electoral al derechista Guillermo Lasso.

Durante su primer discurso como Mandatario destacaron dos factores que se han convertido en ejes irrenunciables en su gestión: un diálogo abierto con todos los actores y sectores sociales, económicos y políticos del país y el respecto e independencia de todas  las funciones de las instituciones que conforman el Estado. Estos postulados fueron las primeras muestras de que su Gobierno poco a poco se diferenciaría de su antecesor.

Una de las funciones que se vio “directamente beneficiada” por esta nueva dirección en la gestión del Estado fue la Función Judicial, fuertemente señalada por varios sectores al ser acusada de carecer de independencia al momento de impartir justicia durante el Gobierno del socialista Rafael Correa.

Los últimos 12 meses han sido bastante agitados para las cortes de justicia con el desarrollo de uno de los casos más mediáticos de la historia moderna del Ecuador. El denominado caso Sobornos 2012 - 2016 que involucró a varios ex altos funcionarios del Gobierno de Correa y a empresarios.

Luego de 32 días de deliberaciones del tribunal, integrado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, condenó a ocho años de prisión al exmandatario Rafael C. y a quien fue su vicepresidente, Jorge G., por ser autores mediatos por instigación del delito de cohecho agravado por el que fueron procesadas 21 personas. La misma pena fue dictada para seis exfuncionarios y 10 empresarios. A dos personas se les dictó una condena menor a los cuatro años y una fue absuelta.

Desde su notificación, los procesados podrán solicitar el recurso de nulidad, apelar y la casación para intentar que la pena impuesta no se llegue a ejecutar.

La pandemia destapó más casos de corrupción

Ecuador atraviesa su décima semana de confinamiento obligatorio dispuesto por las autoridades para controlar la expansión del covid-19 en su territorio.

Una de las decisiones adoptadas fue la declaración de emergencia sanitaria nacional. Esta, entre otros aspectos, permite reforzar las acciones  para mitigar la expansión de la enfermedad en el territorio continental e insular ecuatoriano. Pero esto también ha servido para poner de manifiesto nuevos casos de corrupción que han involucrado a funcionarios del actual Gobierno de todos los niveles.

El último caso es el de la extitular de Gestión de Riesgos, Alexandra O., y cuatro funcionarios de dicha institución por el presunto tráfico de influencias en la compra de kits de alimentos.

La jueza Nacional Daniella Camacho dispuso la medida cautelar de prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad por parte de los cinco involucrados. El Fiscal General (s) Wilson Toainga había solicitado la prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos.

La adquisición de insumos médicos han estado en el ojo del escrutinio público. El 16 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el allanamiento de las instalaciones del Hospital del Guasmo Sur, Guayaquil, y otros inmuebles (de los directivos de la referida casa de salud y de la empresa adjudicataria del contrato), para recopilar datos e información en la investigación iniciada por el presunto delito de peculado, derivado de la adquisición con supuesto sobreprecio de fundas para cadáveres.

El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Machala (delito de peculado); un hospital y distritos de Salud de Quevedo, Babahoyo, Valencia, Buena Fe y Urdaneta (sobreprecio en la compra de insumos médicos y medicinas); las oficinas del Municipio de Antonio Ante (irregularidades en la adquisición de productos de desinfección); el Hospital Alfredo Noboa de Guaranda (delito de asociación ilícita por el presunto sobreprecio en la compra de fundas para cadáveres); el allanamiento a las instalaciones de una empresa en Guayaquil (delito de defraudación tributaria) registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la venta de insumos médicos, pero según la Superintendencia de Compañías, su actividad se relacionaba con restaurantes, cevicherias y cafeterías.

Estos son solo algunos casos de corrupción que han merecido la atención del presidente Lenín Moreno, quien públicamente solicitó que se investigue a fondo estos presuntos delitos con el fin de dar con los responsables que se aprovechan de la emergencia nacional para obtener beneficios económicos de forma fraudulenta.

Estos 12 meses han marcado un precedente en la vida política del país con la sentencia por primera vez en la historia de ex altos funcionarios de Gobierno pero también pone de manifiesto que la lucha contra la corrupción no es un trabaja exclusivo de las funciones del Estado y sus autoridades, sino que dependen de la participación ciudadana que tiene la obligación de involucrarse y ser partícipe en estos procesos de interés nacional. Medios Públicos (I)

Foto: Archivo Medios Públicos
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