Fiscalía presenta abstención a favor de procesados en caso Alvarado

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La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó este viernes 11 de enero de 2019 dictámenes abstentivos a favor de funcionarios procesados por presunto delito de peculado. Se refiere al caso que investiga al exsecretario nacional de Comunicación (Secom), Fernando Alvarado.
 


La jueza nacional Sylvia Sánchez emitió el 31 de octubre de 2018 una resolución en la audiencia de vinculación de 8 personas en el proceso en el caso. La magistrada dictó prisión preventiva para 7 ciudadanos (entre ellas los 5 exfuncionarios de la Secom) y medidas cautelaras para otro ciudadano.

Así, Sánchez aceptó el pedido que realizó el 28 de octubre de 2018 la fiscal general subrogante Ruth Palacios.

La Fiscal había solicitado prisión preventiva contra Marco Antonio B., exsubsecretario de Medios Institucionales; Galo P., exadministrador; Javier L., exdirector administrativo financiero; Vanessa S., directora de Talento Humano subrogante; y Juan Ch., exdirector financiero. Todos son exfuncionarios de Secom.

Además de Carlos B., gerente de la productora Gota Azul; y Beatriz V., representante legal de Satré Comunicación Integral, como proveedores.

Para Pablo Y., exsubsecretario de la Secom, quien ingresó el 17 de octubre 2018 al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, la jueza dispuso medidas cautelares de presentarse periódicamente, prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos.

Según Fiscalía, los exfuncionarios de la Secom inobservaron lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. El punto establece que ningún servidor estará exento de la responsabilidad por los actos realizados, y en ejercicio de sus funciones o por sus omisiones serán responsables administrativa, civil y penalmente.

Estos 8 ciudadanos fueron implicados por presunto delito de peculado, según el informe de Contraloría, con indicios de responsabilidad penal sobre gastos y contrataciones que hizo la Secom para la producción, ejecución y montaje de los enlaces sabatinos del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Desde sus funciones, los vinculados tuvieron relación con la adjudicación de 3 contratos que dejaron presuntamente un perjuicio de $ 254.440 al Estado. (I)



 

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