Entrevistas
Proyecto de Ley busca limitar el gasto corriente en municipios: Propuesta plantea fórmula 70/30 para inversión pública
5 de febrero 2026
El asambleísta por la bancada de ADN, Diego Franco, explicó los alcances del nuevo proyecto de ley económico urgente que busca reformar la gestión presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador. La iniciativa propone que los municipios y prefecturas destinen el 70% de su presupuesto a inversión y obras, limitando el gasto corriente (sueldos y administración) al 30%.
Según Franco, la medida responde a una realidad preocupante en varias provincias. Citó como ejemplo a Manabí, donde aseguró que algunos municipios destinan entre el 70% y el 90% de sus recursos a gastos corrientes. "Se han dedicado a inflar de trabajadores los municipios", señaló el legislador, añadiendo que existen cabildos que han gastado hasta USD 6 millones en fiestas mientras sus cantones carecen de servicios básicos como agua potable o alcantarillado.
El asambleísta aclaró que la aplicación de esta fórmula no será inmediata, sino progresiva para permitir la adaptación de los entes locales:
2027: Meta del 60% en inversión.
2028: Meta del 65% en inversión.
2029: Cumplimiento total del 70% en inversión.
Franco destacó que, según datos de la Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME), de los 222 municipios del país, solo 41 tendrían dificultades críticas para cumplir con estos porcentajes debido a su situación financiera actual.
La propuesta contempla un control estricto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que realizaría evaluaciones trimestrales o cuatrimestrales para verificar el cumplimiento de las metas.
En cuanto a las sanciones para los municipios que no cumplan, el legislador mencionó la posibilidad de reducciones presupuestarias para el año siguiente, aunque aclaró que estas nunca podrán situarse por debajo de los límites mínimos establecidos en el artículo 192 de la Constitución.
Ante las críticas de otras bancadas legislativas que denuncian una posible vulneración a la autonomía de los GAD, Franco sostuvo que la ley no busca quitar competencias, sino asegurar que "el dinero llegue en obras a la ciudadanía". Asimismo, desmintió que la falta de pagos en algunos municipios sea responsabilidad exclusiva del Gobierno Central, señalando que existen retrasos acumulados por "descontrol e irresponsabilidad" administrativa local.
Autor: Redacción Web
El asambleísta por la bancada de ADN, Diego Franco, explicó los alcances del nuevo proyecto de ley económico urgente que busca reformar la gestión presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador. La iniciativa propone que los municipios y prefecturas destinen el 70% de su presupuesto a inversión y obras, limitando el gasto corriente (sueldos y administración) al 30%.
Según Franco, la medida responde a una realidad preocupante en varias provincias. Citó como ejemplo a Manabí, donde aseguró que algunos municipios destinan entre el 70% y el 90% de sus recursos a gastos corrientes. "Se han dedicado a inflar de trabajadores los municipios", señaló el legislador, añadiendo que existen cabildos que han gastado hasta USD 6 millones en fiestas mientras sus cantones carecen de servicios básicos como agua potable o alcantarillado.
El asambleísta aclaró que la aplicación de esta fórmula no será inmediata, sino progresiva para permitir la adaptación de los entes locales:
2027: Meta del 60% en inversión.
2028: Meta del 65% en inversión.
2029: Cumplimiento total del 70% en inversión.
Franco destacó que, según datos de la Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME), de los 222 municipios del país, solo 41 tendrían dificultades críticas para cumplir con estos porcentajes debido a su situación financiera actual.
La propuesta contempla un control estricto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que realizaría evaluaciones trimestrales o cuatrimestrales para verificar el cumplimiento de las metas.
En cuanto a las sanciones para los municipios que no cumplan, el legislador mencionó la posibilidad de reducciones presupuestarias para el año siguiente, aunque aclaró que estas nunca podrán situarse por debajo de los límites mínimos establecidos en el artículo 192 de la Constitución.
Ante las críticas de otras bancadas legislativas que denuncian una posible vulneración a la autonomía de los GAD, Franco sostuvo que la ley no busca quitar competencias, sino asegurar que "el dinero llegue en obras a la ciudadanía". Asimismo, desmintió que la falta de pagos en algunos municipios sea responsabilidad exclusiva del Gobierno Central, señalando que existen retrasos acumulados por "descontrol e irresponsabilidad" administrativa local.