Entrevistas
Abogado Juan Carlos Quintana analiza casos "Jaque", "Caja Chica" y "Triple A": Implicaciones legales
30 de enero 2026
El abogado penalista Juan Carlos Quintana ofreció un análisis técnico sobre la coyuntura judicial del Ecuador, marcada por operativos contra redes de corrupción en instituciones públicas y procesos contra figuras políticas de alto perfil.
Caso Jaque: Red de corrupción en la ANT
Respecto a la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Quintana señaló que los implicados podrían enfrentar un "concurso real de delitos" que incluye delincuencia organizada, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Sobre la detención de Pedro A., director ejecutivo de la ANT, el jurista aclaró que su condición de funcionario público actúa como un agravante en el proceso. Asimismo, justificó la suspensión de actividades en la institución por 30 días como una medida necesaria para que la Fiscalía realice peritajes sin que la prueba sea contaminada o destruida.
Caso Caja Chica y la trazabilidad del dinero
En relación a los allanamientos realizados a representantes del movimiento Revolución Ciudadana en el marco del caso “Caja Chica", Quintana explicó que estas diligencias son fundamentales cuando hay indicios de información que el investigado no entregaría voluntariamente.
Sobre la disposición de la prefecta Marcela Aguiñaga de colaborar con la justicia, el abogado precisó que, más allá de la voluntad personal, el punto clave será la trazabilidad del dinero que determine la Fiscalía para establecer responsabilidades.
Caso Triple A: ¿Estrategias dilatorias?
Quintana fue crítico respecto a las nueve suspensiones que ha tenido el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros 15 procesados por presunta comercialización irregular de combustible. Calificó estas tácticas como un "abuso del derecho" y prácticas antiéticas que buscan la prescripción de la causa.
"El derecho a la defensa no es absoluto", afirmó Quintana, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional que obliga a los tribunales a poner límites a las dilaciones injustificadas. Advirtió que, de instalarse la audiencia, esta podría durar al menos 20 o 25 días debido a la cantidad de procesados y la complejidad de las pruebas.
Finalmente, explicó que los procesados podrían enfrentar penas de 5 a 7 años de prisión. Sin embargo, el experto enfatizó que lo más importante es la reparación integral al Estado, dado que la afectación económica calculada por la Fiscalía supera los 90 millones de dólares. Para las empresas involucradas, la sanción legal establecida es la disolución de la persona jurídica
Autor: Redacción Web
El abogado penalista Juan Carlos Quintana ofreció un análisis técnico sobre la coyuntura judicial del Ecuador, marcada por operativos contra redes de corrupción en instituciones públicas y procesos contra figuras políticas de alto perfil.
Caso Jaque: Red de corrupción en la ANT
Respecto a la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Quintana señaló que los implicados podrían enfrentar un "concurso real de delitos" que incluye delincuencia organizada, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Sobre la detención de Pedro A., director ejecutivo de la ANT, el jurista aclaró que su condición de funcionario público actúa como un agravante en el proceso. Asimismo, justificó la suspensión de actividades en la institución por 30 días como una medida necesaria para que la Fiscalía realice peritajes sin que la prueba sea contaminada o destruida.
Caso Caja Chica y la trazabilidad del dinero
En relación a los allanamientos realizados a representantes del movimiento Revolución Ciudadana en el marco del caso “Caja Chica", Quintana explicó que estas diligencias son fundamentales cuando hay indicios de información que el investigado no entregaría voluntariamente.
Sobre la disposición de la prefecta Marcela Aguiñaga de colaborar con la justicia, el abogado precisó que, más allá de la voluntad personal, el punto clave será la trazabilidad del dinero que determine la Fiscalía para establecer responsabilidades.
Caso Triple A: ¿Estrategias dilatorias?
Quintana fue crítico respecto a las nueve suspensiones que ha tenido el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros 15 procesados por presunta comercialización irregular de combustible. Calificó estas tácticas como un "abuso del derecho" y prácticas antiéticas que buscan la prescripción de la causa.
"El derecho a la defensa no es absoluto", afirmó Quintana, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional que obliga a los tribunales a poner límites a las dilaciones injustificadas. Advirtió que, de instalarse la audiencia, esta podría durar al menos 20 o 25 días debido a la cantidad de procesados y la complejidad de las pruebas.
Finalmente, explicó que los procesados podrían enfrentar penas de 5 a 7 años de prisión. Sin embargo, el experto enfatizó que lo más importante es la reparación integral al Estado, dado que la afectación económica calculada por la Fiscalía supera los 90 millones de dólares. Para las empresas involucradas, la sanción legal establecida es la disolución de la persona jurídica