El legislador oficialista Andrés Guschmer analizó la situación crítica que atraviesa la justicia ecuatoriana tras las denuncias que vinculan a funcionarios judiciales con presuntas presiones para favorecer a grupos delictivos. Durante su intervención en el programa Noticias 7, Guschmer enfatizó la importancia de la transparencia institucional ante el caso de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura.

Guschmer calificó como "muy grave" la denuncia presentada por un juez sobre presuntas presiones para fallar a favor de narcotraficantes. El asambleísta destacó que el pleno de la Asamblea Nacional apoyó de manera casi unánime la comparecencia de Mario Godoy para esclarecer el estado de la justicia en el país.

Respecto a la posibilidad de iniciar un juicio político contra Godoy, Guschmer afirmó que es una opción abierta al análisis. "Es indudable que una de las posibilidades es un juicio político", señaló, vinculando la situación con la necesidad de controles más estrictos para evitar que el narcoterrorismo permee en las instituciones del Estado.

Nueva Ley del Deporte

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la reforma a la Ley del Deporte. Guschmer aclaró que la normativa busca modernizar el marco legal, incluyendo sectores antes no contemplados como los juegos electrónicos y las casas de pronósticos deportivos.

Sobre la limitación de mandatos para dirigentes deportivos (máximo dos periodos), el legislador ofreció su visión técnica y política, así en cuanto a la Liga Pro, Guschmer opinó que, al ser un organismo deportivo, debería ceñirse a la nueva ley y limitar la reelección de su directorio.

Mientras que para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el asambleísta aclaró que la ley no tiene carácter retroactivo. Sin embargo, indicó que si el actual presidente, Francisco Egas, pretendiera un tercer mandato en las elecciones de 2026, la ley podría representar un impedimento para su registro.

En cuanto a las apuestas deportivas, el asambleísta explicó que el objetivo no es prohibirlas, sino regularlas. La propuesta exige que estas empresas tengan domicilio legal en Ecuador, tributen localmente y sean supervisadas por la UAFE para prevenir el lavado de activos y el amaño de partidos.

Caso Triple A y Aquiles Álvarez

Finalmente, Guschmer se refirió al proceso legal que involucra a empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunto tráfico de combustible. El legislador rechazó la narrativa de "persecución política".

Según el asambleísta, las investigaciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos señalan un perjuicio al Estado de más de 90 millones de dólares debido a la venta irregular de combustible subsidiado. "La ley es para todos... no hay nadie que tenga una patente de corso", sentenció Guschmer, instando a que el proceso continúe como una investigación técnica y ciudadana, independiente de la dignidad política del involucrado.

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